"Es difícil que Justicia insista en poner la macrocarcel de Soto, si la Comunidad Autónoma de Madrid no está de acuerdo", señaló textualmente el propio portavoz, en su comparecencia habitual de los jueves para informar de los acuerdos del Ejecutivo autónomo.

Con estas declaraciones del conejero, la CAM respalda la posición mantenida por el responsable de Política Territorial, José María Rodríguez Colorado, que se ha opuesto al proyecto actual de Justicia y sigue apoyando el diseño anterior, que contemplaba una cárcel de tamaño más reducido, para unos 335 internos.

Sobre si Justicia había vulnerado alguna normativa legal por querer poner una prisión sin consultar antes con la CAM, Lissavetzky respondió que no, porque el proyecto último no se ha presentado todavía ofiacialmente.

Asiismo, declaró que, tras conocer el proyecto de reforma de la Cámara regional presentado por el PP, que prevé la comparecencia mensual de Leguina, el "sentido común" le dice que no se aprobará.

Indicó que, sin negar puntuales cambios reglamentarios, el actual ya contempla la asistencia de todos los consejeros repetidas veces, por lo que la información es fluida.

El portavoz anunció, asimismo, que antes del verano, se pondrá en marcha el consorcio para la construcción del ramal ferroviario de San Sbastián de los Reyes-Alcobendas, una vez que ya han finalizado las comisiones de investigación sobre el caso Renfe.

Los acuerdos del Consejo de Gobierno de hoy fueron, fundamentalmente, la aprobación de 1.140 millones de pesetas para gastos sociales, repartidos por distintos departamentos: 300 millones para educación de adultos y 335 para comedores escolares; 130 para equipamientos juveniles y otros 300, destinados a programas del Plan Regional de Investigación.