Así lo explicó en los pasillos del Congreso el portavoz del Grupo Socialista, Jesús Caldera, después de que el Tribunal de Conflictos resolviera a favor del Gobierno este contencioso, lo cual supone el reingreso en la carrera judicial de este ex magistrado, condenado por un delito de prevaricación cometido durante la instrucción del "caso Sogecable".

Caldera predijo que esta decisión "traerá conflictividad", ya que resulte prevsible que tanto el Tribunal Supremo como el CGPJ sigan defendiendo sus competencias.

El portavoz socialista basó sus argumentos en que el Tribunal Supremo es el único capacitado para interpretar la legislación penal y determinó en su momento que Gómez de Liaño era culpable de prevaricación, y en que los jueces y magistrados sólo pueden ser nombrados por el CGPJ, de acuerdo con la Constitución.

Tras subrayar que el de Conflictos "no es un verdadero tribunal" y de él forman parte tres "ultraconservdores" nombrados por el Gobierno, Caldera consideró demostrado "el afán totalitario del PP por imponer a toda costa sus puntos de vista".

"Me pregunto qué le deben al señor Liaño para forzar la máquina de esta manera e introducir tanta desconfianza de los ciudadanos en la Administración de Justicia", dijo Caldera.

Finalmente recordó que los socialistas han suscrito un acuerdo con el Gobierno para reformar la Justicia, cuya finalidad última es aumentar la confianza de los ciudadanos en esta Adminitración, por lo que exigió responsabilidades al Ejecutivo.