Según explicó a Servimedia el diputado socialista Máximo Díaz Cano, encargado de recabar esta información al Gobierno, el PSOE reclama, concretamente, los cinco informes sobre el fraude en las ayudas al lino que supuestamente elevó a sus superiores la funcionaria del FEGA Inmaculada Méndez, que acompañó a las misiones de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) para investgar este tema.

En este sentido precisó que ha dirigido en el Congreso una pregunta por escrito al Gobierno en la que le cuestiona si a la vista de los hechos en informaciones que se han hecho públicas "sigue manteniendo que no existió una trama en la que estuvieran implicados cargos del MAPA".

En su declaración ante el Juez Garzón en la Audiencia Nacional, la funcionaria, además de reconocer que remitió a sus superiores esos cinco informes sobre el fraude en las ayudas al lino, se los facilitó aljuez.

Según esta documentación aportada supuestamente por la funcionaria, cuando la Fiscalía Anticorrupción denunció en diciembre de 2000 el fraude en las ayudas al lino, el Ministerio de Agricultura contaba con cinco informes de Méndez que detallaban este asunto.

Díaz-Cano señaló que "da la impresión que en el Ministerio de Agricultura y en el Gobierno están más preocupados por intentar salvar la responsabilidad política de Loyola de Palacio que por aclarar realmente lo que sucedió en ese ministrio como consecuencia de las ayudas al lino y de la supuesta implicación de altos cargos en una especie de trama para cazar primas de la Unión Europea".

Asimismo, Díaz Cano pregunta al Gobierno por escrito si conocía las supuestas indicaciones que recibió esta funcionaria, antes de comparecer ante Garzón, para "ajustar" su testimonio a los intereses de Colisur 2000, empresa transformadora de lino constituída por entidades administradas por los hijos de Nicolás López de Coca, ex director general del FEA. También quiere saber por qué esta funcionaria ha sido trasladada a otro servicio del ministerio.