AESPA y APA denunciaron que estos datos demuestran que las facturas millonarias aparecidas y presentadas por algunos usuarios de Telefónica son debidas al prefijo internacional "07" y no a las línes "906".

Ambas asociaciones mantienen que la regulación de las líneas "903", muchas de ellas de contenido erótico, acometida en España en 1993 para limitar el acceso a las mismas, provocó que la demanda se desviara hacia las líneas internacionales que prestan el mismo servicio.

Mientra que en 1992 las empresas españolas del sector 903 facturaron 14.000 millones de pesetas y las líneas internacionales que prestan el mismo servicio a través del prefijo "07" sólo 300, en 1993 las primeras redujeron la facturación a 1.000 millones y las segundas la aumentaron a 4.000 y en 1994 las líneas "903" facturaron menos de 10 millones, y las "07" alcanzaron los 15.000.

Esta situación ha provocado que de las 89 empresas instaladas en España que en 1992 explotaban el "903", en la actualidad ningun, salvo algún caso aislado, lo siga haciendo.

Por el contrario, empresas instaladas en Canadá, Honk Kong, Filipinas, Santo Domingo y Estados Unidos han aumentado desde entonces el número de llamadas realizadas desde España.

Para AESPA Y APA las cifras constatan que el perjuicio causado a empresas españolas no ha redundado en un beneficio sobre los usuarios, ya que los costes de las llamadas a través de las líneas "07" son mucho mayores (Según el Ministerio de Obras Públicas, aproximadamente el trple).

Ante esta situación, las patronales del sector han pedido al Mnisterio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (MOPTMA) que acometa una "regulación racional" del mismo.

Las empresas de valor añadido proponen que dicha regulación contemple la desconexión voluntaria, y no la conexión voluntaria como ocurre ahora, del prefijo "903", y una distinción clara entre los servicios que prestarán los "903" y los "906", dedicando los primeros a líneas eróticas y tertulias abiertas y dejándolos ujetos a un horario especial de ocho de la tarde a ocho de la mañana.

Para la patronal, este sistema permitiría controlar la totalidad de los servicios desde dentro de España e evitaría que terceros países se beneficiaran de la demanda que plantean los usuarios españoles.