La adjudicación de parcelas para viviendas de protección oficial fue realizada por la empresa pública de la Comunidad de Madrid Tres Cantos S.A., el 3 de febrero de 1991.

El 5 de mayo se pulicó la lista de adjudicatarios. Seis cooperativas, de las 17 presentadas, se reparten las nueve parcelas: tres para PSV (de UGT), dos para VITRA (de CCOO) y las cuatro parcelas restantes para "Rosa Luxemburgo", "Río Lago", "Vista Nevada" y "42", con una edificabilidad total de 330 viviendas.

Según la documentación que obra en poder de la Liga Española Pro-Derechos Humanos, las sociedades "Vista Nevada" y "42" se constituyeron unos días antes de convocarse el concurso, "como una simple tapadera para cnseguir suelo a bajos precios", según fuentes de los denunciantes.

Miembros de la candidatura Tres Cantos Unidos, cuyo cabeza de lista ocupa la alcaldía, forman parte de la cooperativa denominada "42", que levantará 50 chalés frente a las viviendas mencionadas.

El concejal del PSOE Juan Antonio López, miembro del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Tres Cantos, figura como presidente de la cooperativa "Vista Nevada", adjudicataria de suelo para la construcción de 72 viviendas y garajes en el mnicipio.

Por otra parte, representantes de la Liga Española Pro-Derechos Humanos señalaron que existe otra cuestión que no está demasiado clara: el volumen de edificabilidad permitido a la cooperativa "Vista Nevada". Mientras las bases del concurso contemplaban 40 viviendas de 90 metros útiles en dos bloques de 6 alturas, el proyecto de construcción presentado y aprobado por el Ayuntamiento incluye 72 pisos.

La gestión de las dos cooperativas reseñadas fue concedida al grupo inmobiliario compuest por las sociedades Patrinsa, Boninsa y Word. Este grupo ha construido en los últimos años un buen número de edificios en Tres Cantos y se encargará de edificar el primer hotel del municipio, un colegio y el centro comercial de la estación de ferrocarril.

Con la operación inmobiliaria de las dos cooperativas, este grupo conseguirá un volumen de negociación cercano a los 2.000 millones de pesetas.

Tanto la Liga Española Pro-Derechos Humanos como partidos políticos y asociaciones vecinales de la loalidad han pedido que se esclarezca si ha existido un posible tráfico de influencias o especulación con los terrenos públicos.