Así consta en el "Libro Blanco", elaborado por el profesor José Ignacio Pérez Arriaga para el Ministerio de Industria, que hace un repaso detallado del sector eléctrico en España y propone algunas medidas.

En el capítulo de tarifas, el estudio propone cambiar el modelo actual y poner en marcha un sistema que logre fijar los precios "de forma transparente" y que incorpore los costes de generación.

Además, considera que, una vez fijada la tarifa, que será propuesta cada año por la Comisión Nacional de la Energía y aprobada por el Gobierno, se podrán acometer ajustes por desvíos "trimestrales", que podrían tener en cuenta sobrecostes como el encarecimiento del petróleo o la falta de hidraulicidad.

El "Libro Blanco" quiere que el precio final incluya una tarifa de acceso a este servicio eléctrico más el coste de la energía en el mercado, siempre teniendo en cuenta el perfil de cada consumidor.

Además, la mayoría de los consumidores, salvo el grupo con mayores problemas económicos y sociales, pasarían a la tarifa libre, es decir, al mercado libre de electricidad.

ENDESA E IBERDROLA

El informe abre también del debate sobre la posición dominante de Endesa e Iberdrola en el mercado eléctrico y propone ponerles limitaciones en favor de otros operadores, que podrían mejorar la competencia de precios.

Así, considera que deberían vender activos de forma "voluntaria" de manera que se limite la concentración actual hasta "un nivel aceptable", que explica como "la capacidad de los agentes dominantes para modificar el precio del mercado en su beneficio no excede un umbral que el regulador considere razonable".

Cada compañía no debería acumular más del 22% de la capacidad de acudir con su demanda al "pool" eléctrico global y, como solución, el "Libro Blanco" propone también unos contratos virtuales de venta de electricidad por parte de las compañías, donde el regulador obliga a fijar cantidad y precio.

Finalmente, el estudio apuesta con todo por lograr una "fiabilidad del suministro" con un "margen mínimo en la cobertura de demanda". Si se incumple, se aplicarían sanciones más duras que las actuales, sobre todo si fallan cuando más se necesita.