La asociación de consumidores reclama al Gobierno un desarrollo reglamentario de la nueva ley que tenga en cuenta los intereses de los usuarios.

Por un lado, ante la desaparición de los precios máximos en las gasolinas, la UCE exige al Ministerio de Industria y Energía "que informe exhaustiva y ampliamente a las asociaciones de consumidores sobre los distintos precios en los puntos de venta de todo el aís, y no sólo sobre las tarifas medias de venta, a fin de asegurar la máxima transparencia posible".

En cuanto al gas butano, la posibilidad de adquirir bombonas en supermercados y gasolineras despierta interrogantes a la asociación de consumidores en torno a las necesarias medidas de seguridad. Además, la nueva ley suprime la obligación de distribución a domicilio, lo que puede perjudicar a los núcleos rurales, zonas de difícil acceso, personas mayores o aquellas con menos medios, según la UCE.

Por lo que se refiere al gas canalizado, la liberalización no llegará hasta dentro de 15 años y al consumidor le tocará asumir sus costes, denuncia la UCE.