Según informó la Policía este jueves, en esta operación han sido detenidas ocho personas en Úbeda (2), Alcoy (2), Guadalajara (2), Lugo (1) y Ciudad Real (1). Se les atribuyen los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, relativos a la prostitución, contra los derechos de los trabajadores, blanqueo de capitales, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.

Las víctimas han sido liberadas en Úbeda (Jaén), Alicante, Guadalajara, Alcalá de Henares (Madrid), Lugo y Ciudad Real. Estas mujeres eran captadas en países de Latinoamérica, fundamentalmente Colombia, y entraban en España a través de los aeropuertos de Madrid o Barcelona.

Los implicados engañaban a las mujeres ofreciéndoles un trabajo en el sector de salones de belleza o cuidado de ancianos, o bajo condiciones muy diferentes a las que finalmente las forzaban a someterse. Una de las víctimas que fue traída a España tenía discapacidad intelectual.

CONTROLADAS CON CÁMARAS

El entramado criminal obligaba a sus víctimas a prostituirse bajo amenazas, trasladándolas con frecuencia de una provincia a otra, lo que dificultaba la detección de su actividad delictiva.

Las controlaban con cámaras de videovigilancia instaladas en los pisos donde las explotaban. Las mujeres tenían que abonar a los miembros de la organización el 50% de cada servicio sexual. Además, debían anotar cada uno de estos servicios en cuadernos.

Los integrantes de la red eran quienes realizaban todas las gestiones relacionadas con los anuncios en las páginas web de contactos, así como acordaban ellos mismos las solicitudes y tipos de servicios sexuales que pedían los clientes.

Las víctimas tenían que abonar una cantidad de dinero, por estas gestiones, que se cobraba aparte de la mitad de los beneficios que reportara su explotación. Las mujeres no podían rechazar ningún tipo de servicio sexual y eran forzadas a trabajar encima de palés, sin somier ni colchón y aunque se sintieran indispuestas.