De esta forma, los magistrados tendrán hasta el próximo 14 de octubr para dictar sentencia, lo que no significa que tengan que agotar el plazo ni impide que el fallo se dicte antes de esa fecha, según consta en una providencia hecha pública hoy.

La ley establece que las sentencias deberán dictarse en un plazo de tres días, una vez que el caso juzgado queda visto para sentencia. Sin embargo, el artículo 202 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que "se reputará causa justa la que hubiere hecho imposible dictar resolución o practicar diligencia judicial, indepedientemente de la voluntad de quienes hubiesen debido hacerlo".

Los magistrados de la Sala de lo Penal Gregorio García Ancos, Enrique Bacigalupo y José Manuel Martínez-Pereda deben decidir si el ex juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño es culpable del delito más grave que se puede imputar a un magistrado: prevaricación, o lo que es lo mismo, tomar decisiones injustas a sabiendas.

Gómez de Liaño está acusado de tres presuntos delitos de prevaricación cometidos durante la instrucción el "caso Sogecable", consistentes en mantener el secreto sumarial de la causa durante más tiempo del necesario, prohibir a varios imputados la salida de España e imponer una fianza de 200 millones de pesetas al presidente del grupo Prisa, Jesús de Polanco.