El conflicto entre el Gobierno y el Supremo quedó formalmente planteado el pasado 8 de febrero, cuando el pleno jurisdiccional de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal decidió rechazar el requerimiento del Ministerio de Justicia para reingresar en la carrera judicial a Javier Gómez de Liaño, tal y como dictaba el indulto que le otorgó el Gabinete de José Mara Aznar.

Tras la concesión del indulto, los magistrados del Supremo encargados del "caso Liaño" dieron por cumplida la pena de quince años de inhabilitación, pero se negaron a reingresarle en la carrera judicial de manera inmediata, por considerar que al Gobierno no le compete tomar esta decisión. El Ejecutivo respondió iniciando el contencioso que ahora debe resolver el Tribunal de Conflictos.

El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción está presidido por el presidente del Supremo, Javier Delgado,que tiene voto de calidad en caso de empate entre sus miembros. Este órgano colegiado está compuesto por cinco vocales, tres consejeros permanentes de Estado y dos magistrados de la Sala de lo Contencioso del Alto Tribunal.