En un auto, el instructor de la causa contra Liaño, Joaquín Martín Canivell, ha decidido rechazar el recurso de reforma presentado por el supuesto prevaricador, rechazar la solicitud de nulidad que instaba el juez en su recurso y admitir únicamente la apelació a la Sala de lo Penal del Supremo, que será la que, en última instancia, dé firmeza o rechace el procesamiento de Liaño.

El escrito rechaza todas las alegaciones hechas por Gómez de Liaño en su recurso, entre ellas la pretensión de que el actual procedimiento estaba juzgando hechos ya enjuiciados en el Supremo cuando investigó y archivó la llamada "teoría de conspiración" contra el Grupo Prisa, en la que Liaño fue citado a declarar. "No se le atribuían los mismos hechos que en el presente sumario", alara Martín Canivell.

Además, asegura que Liaño utilizó "arbitrariamente los poderes que por su condición de instructor tenía" para negar derechos de los inculpados en el "caso Sogecable".

El escrito del Supremo llega a calificar de "arbitraria" la decisión de Liaño de fijar una fianza de 200 millones de pesetas a Jesús de Polanco para evitar la prisión y asegura que con esta resolución del juez se demuestra "el carácter personal de la medida, muy distinto del que le atribuye el juego de palabrasutilizado para disimularla".

ADOBO DE RAZONABILIDAD

El auto redactado por Martín Canivell, si bien es menos duro -en términos y acusaciones- que el recurso presentado por el juez, subraya que "todas las resoluciones injustas las adoptó el recurrente a sabiendas de su injusticia", y acusa a Liaño de intentar disfrazar sus decisiones "adobándolas con fundamento de aparente razonabilidad".

El instructor insiste en que Liaño acordó todas las medidas supuestamente prevaricadoras "bajo esa fingida apriencia de moderación", pero "si motivación ni razonamientos pertinentes".

En la misma linea, y sobre la decisión de Liaño de contradecir la orden de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que le ordenó levantar el secreto de sumario en el "caso Sogecable", Canivell insiste en que la actuación del juez, en contra de un superior suyo, demuestra "su voluntad de abusar de sus poderes resistiendo prácticamente cumplir lo que se le ordenaba".

Finalmente, el instructor rechaza todas las diligencis pedidas insistentemente por Gómez de Liaño -ha reiterado 7 escritos al Supremo instando pruebas-, entre las que estaban el intento de hacer comparecer, en calidad de testigos, a los fiscales de la Audiencia Nacional Eduardo Fungairiño e Ignacio Gordillo.