Según fuentes jurídicas, el Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, compuesto por 14 magistrados, no estudiará el fondo del inulto otorgado a Gómez de Liaño, sino quién debe ejecutar la medida de gracia.

En este sentido, habrá que decidir si el indulto lo ejecuta el propio Pleno o la Sala de lo Penal que se hizo cargo del caso y decidió condenar a Gómez de Liaño por un delito continuado de prevaricación.

De los tres magistrados que dictaron la sentencia contra Gómez de Liaño sólo uno, Enrique Bacigalupo Zapater, permanece, dado que los otros dos, Gregorio García Ancos y José Manuel Martínez Pereda, el único de los tres ue era partidario de absolver al ex juez de la Audiencia Nacional, ya se han jubilado.

Gregorio García Ancos, de talante progresista, fue sustituido por el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Luis Román Puerta, de carácter conservador.

Por su parte, el magistrado José Manuel Martínez Pereda, de tendencia conservadora, fue reemplazado por José Antonio Martín Pallín, de inclinación progresista. Es decir, la sala sentenciadora está compuesta por las mismas corrientes que determinron la condena de Gómez de Liaño.

Sin embargo, según informaron las mismas fuentes jurídicas, hay muchas probabilidades de que el Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo decida hacerse cargo de la ejecución del indulto de Gómez de Liaño, cuyo texto llegó hoy a las 13.45 horas al Alto Tribunal.

Una vez que se haya decidido quién ejecuta el indulto, los magistrados correpondientes deberán estudiar el texto del perdón, con el fin de determinar de qué modo se aplica: ordenando el ingreso inediato de Gómez de Liaño o pidiendo al Consejo General del Poder Judicial que se haga cargo del reingreso en la carrera judicial del ex juez de la Audiencia Nacional.