Así consta en un auto heco público hoy por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que el pasado 18 de noviembre decidió descontar de la condena que impuso a Gómez de Liaño el tiempo que que éste estuvo suspendido cautelarmente en sus funciones hasta que se dictó sentencia.

De esta forma, a Gómez de Liaño le han restado el año, cuatro meses y tres días que estuvo suspendido cautelarmente por orden del Consejo General del Poder Judicial a los 15 de inhabilitación que le impuso el Tribunal Supremo.

Javier Gómez de Liaño ue suspendido cautelarmente por orden del CGPJ el 19 de junio de 1998, después de que el Supremo le procesara por su actuación en el "caso Sogecable".

Además, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha tasado en 940.791 pesetas las minutas de los abogados de la acusación particular en el proceso que se siguió contra Gómez de Liaño y que fue ejercida por el presidente del Grupo Prisa Jesús de Polanco y por tres directivos de esta sociedad, Juan Luis Cebrián, Gregorio Marañón y Francisco Pérez.

ElSupremo condenó a Gómez de Liaño a pagar las costas procesales, excluyendo las de la acción popular, ejercida por el abogado Emilio Rodríguez Menéndez, así como a una multa de 540.000 pesetas que ya ha hecho efectiva, después de que Izquierda Unida le entregase el dinero que había recaudado en una cuenta bancaria para ayudarle a hacer frente a la multa.

Tras conocer la sentencia contra Gómez de Liaño, IU abrió una cuenta en Cajamadrid para ayudar al ex juez a pagar la multa de 540.000 pesetas. El dineo recaudado excedía con mucho la cantidad impuesta por el Atlo Tribunal, ya que ascendió a un total de 3.100.000 pesetas.

El coordinador general de IU, Julio Anguita trató de pagar con el dinero recaudado la multa impuesta por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Sin embargo, los magistrados devolvieron a Anguita el dinero que ingresó en las arcas del Alto Tribunal, por considerar que las penas criminales impuestas por los jueces "no pueden ser asumidas por terceros".

IU decidió finalmente etregarle dinero al abogado de Gómez de Liaño, para que con él se pagase además las minutas de los abogados de la acusación particular a los que el ex juez debía hacer frente por orden del Supremo.