López Guerra explicó que la ley prevé la suspensión de un juez o un magistrado cuando se proceda contra él por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. "Cuando se produzc esto, la ley establece que el juez o el tribunal que conociera de la causa lo comunicará al Consejo General del Poder Judicial, y éste es quien lleva a cabo la suspensión", dijo.

En declaraciones a la Ser, agregó que para adoptar esta medida es necesario que se precise con claridad cuándo se está procediendo, mediante actuaciones penales, contra a un juez o magistrado. "Esto el Consejo lo estudia con mucho cuidado", continuó.

"Hay que tener en cuenta que la independencia de los jueces, frente a ualquier acción exterior, es un valor fundamental en nuestra Constitución, y el Consejo es muy cuidadoso para averiguar cuándo efectivamente se produce este supuesto: si se deriva de una querella, si la querella es del ministerio fiscal o de particulares, en qué tipo de procedimientos, en virtud de qué imputaciones, etc.".

Una vez que el CGPJ reciba la notificación de que se ha producido una actuación contra un magistrado, el órgano de gobierno de los jueces determinará si se trata de uno de los supuetos que dan lugar a la suspensión.

En caso de que el Consejo del Poder Judicial decidiera finalmente la suspensión cautelar de Gómez de Liaño, este magistrado quedaría apartado de todos los casos de los que se estuviera ocupando y se nombraría otro juez.