"Si la ejecución de las sentencias penales pasan a la administración por la vía que sea, como la penitenciaria, como ha ocurrido en el caso reciente con Barrionuevo y Vera o en el caso de Liaño, la función que la Constitución atribuye a los jueces, que no sólo es juzgar, sino ejecutar lo juzgado, se queda sin contenido", dijo a Servimedia.

Robles insistió en que con esta decisión "se está corriendo el riesgo clarísimo de que el Poder Ejecutivo pueda entrar en competencias que son, constitucinalmente hablando, de los órganos jurisdiccionales". "Cualquier decisión hay que respetarla, pero jurídicamente creo que quien tenía razón es el Tribunal Supremo", manifestó.

"Aquí no se planteaba un conflicto de competencias, porque el Tribunal Supremo lo que estaba haciendo era proceder a la ejecución de una sentencia penal, y su ejecución, según las leyes, es del órgano jurisdiccional que ha dictado la sentencia", concluyó.