"El Tribunal Supremo, a la hora de escoger entre la onstitución y la Ley de Indulto, por un lado, y, por otro, un decreto de indulto del Gobierno claramente ilegal e inconstitucional, ha escogido lo primero, como era lógico. Por tanto, me parece que es una decisión absolutamente impecable y justa", dijo López Garrido a Servimedia.

En su opinión, esta decisión del Tribunal Supremo supone "una bofetada jurídica y política al Gobierno, que todavía sigue sin explicar los motivos por los cuales ha considerado que un juez que prevaricó tenía que ser indultad".

López Garrido agregó que con esta decisión el Supremo le ha dicho al Gobierno que "ha infringido la ley, que la ley de indulto no permite indultar las penas ya ejecutadas", y que "no puede nombrar a jueces, porque el Gobierno lo que hizo con su indulto fue nombrar juez a Gómez de Liaño, que estaba fuera de la carrera judicial".

Asimismo, considera que el Tribunal Supremo ha señalado los límites de un indulto "que el Gobierno ha convertido en un arma política", porque "éste ha sido un indulto asolutamente politizado".

López Garrido concluyó que "el ministro de Justicia debería tomar la decisión de dimitir, por tomar el riesgo de proponer al Consejo de Ministros ese indulto, que se ha visto que ha sido un error munumental jurídico y político".