"El Consejo se ha apresurado a aplicar con un automatismo radical la letra de la ley", dijo Navarro, para quien era "justa, ponderada, medida y prudente" la propuesta del fiscal general del Estado, Jesú Cardenal, de esperar al menos hasta que el procesamiento fuese firme.

Tras reconocer que la decisión del CGPJ es ajustada a Derecho, Navarro señaló que el órgano de gobierno de los jueces debió proceder de una forma "más equitativa", con el fin de provocar "el menor daño posible a una persona que aún goza de la presunción de inocencia".

Recordó el precedente del trato dispensado al juez de menores de Sevilla Manuel Rico Lara, que fue absuelto en el "caso Arny" después de que el CGPJ le hubiese sspendido de sus funciones veinticuatro horas después de ser denunciado.

"El daño que le hicieron a Rico Lara no hay quien lo resarza", dijo. "Y ahora, ¿cómo se resarcirá a Gómez de Liaño por los daños y perjuicios que les está provocando el auto de procesamiento y la suspensión consiguiente?".

Navarro pronosticó que la justicia española tardará "mucho tiempo" en reponerse del "tremendo" daño que el "disparatado" procesamiento de Gómez de Liaño le ha provocado.

A su juicio, no se puede utilizr el argumento "estúpido y falaz" de que con el procesamiento se ofrecen más garantías jurídicas de defensa para "tirar a los pies del caballo a uno de los jueces más populares del país, que se ha caracterizado por su tremenda caballerosidad y por un coraje y una honestidad a toda prueba".

CONSPIRACION

Navarro fue uno de los imputados en una causa especial instruida el año pasado por el presidente del Tribunal Supremo, Javier Delgado, en relación al "caso Sogecable".

La causa abierta, que conclyó a favor de los querellados, versaba sobre unas reuniones y comidas en las participó el propio Navarro y en las que, presuntamente, se trataba de urdir una conspiración para perjudicar los intereses de Jesús de Polanco, presidente de Prisa.