El presidente de UPF, Adrián Salazar, dijo a Servimedia que "esperamos que el Tribunal Supremo diga que no puede ejecutar el real decreto (que permite al ex juez volver a la carrera judicial) y que solicite al CGPJ que plantee un conflicto de competencias".

Además, ambas asociaciones indicaron que este Real Decreto es "ilegal" porque el indulto en el que se basa no puede eliminar la existencia del delito y un juez que prevaricó no puede volver a ejercer. ñadió que el indulto a Liaño fue concedido sin respetar los requisitos fijados en el Código Penal y en la Ley de indultos.

Por otra parte, jueces y fiscales progresistas abordaron el problema de la violencia doméstica y reclamaron algunas reformas, tanto del sistema educativo como del legislativo, así como mejoras de los servicios sociales para que la víctima pueda vivir fuera del domicilio conyugal. Asimismo, abogaron por aplicar programas de rehabilitación para los maltratadores.