En declaraciones a Servimedia, Comas subrayó que el Supremo "no es un servidor de ningún gobierno porque el poder judicial está sometido sólo al imperio de la ley, tal y como dice el artículo 117 de la Constitución Española, y no a las órdenes de cualquier goberno".

A su juicio, "en este caso el Gobierno ha incumplido la ley, según ha establecido el Tribunal Supremo, al pretender indultar una pena que ya estaba cumplida y que, según la propia Ley de Indulto, es un supuesto excluido del derecho de gracia".

"Además, indicó, "el Gobierno se apartó del informe del propio tribunal sentenciador, en el que ya se explicaban las razones legales que impedían el reingreso del señor Liaño en la carrera judicial. El Gobierno, en este caso, pretendía usurpar las copetencias del Consejo General del Poder Judicial al ordenar el reingreso a la carrera judicial".