En declaraciones a varias emisoras de radio, Gómez de Liaño expresó su sorpresa, como jurista, por la decisión del Supremo y subrayó que no debería haber problema alguno en la ejecución de su indulto.

En s opinión, el citado tribunal se ha atribuido competencias indebidamente, porque la facultad del Gobierno para conceder indultos no es revisable y podría dar lugar a un conflicto de jurisdicción en relación con el artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Además, apostilló, la Sala Segunda del Tribunal Supremo no tiene jurisdicción en este asunto porque un indulto es un acto administrativo que emana del Consejo de Ministros y dichas resoluciones donde se recurren es en todo caso en la Sala Terera del citado órgano judicial.

El ex juez indicó que ha podido confirmar en los últimos tiempos que su caso se está convirtiendo en "una historia de pasiones y resentimientos y eso no es bueno para la justicia", porque estos incidentes repercuten muy negativamente en su credibilidad.