Así, el Tribunal de Conflictos dió un plazo de diez días a la Administración, según las mismas fuentes, para que aleguen lo que consideren oportuno sobre el contencioso planteado entre el Tribunal Supremo y el Gobierno de José María Aznar a raíz del polémico indulto concedido a Gómez de Liaño, condenado a 15 años de inhabilitación por un delito de prevaricación cometido durante la instrucción del "caso Sogecable".

Tras recibir las alegaciones, los miembros del Tribunal de Conflictos tendránotros díez días para dictar el fallo que ponga fin al contenciso abierto entre el Supremo y el Gobierno de José María Aznar.

El conflicto entre el Gobierno y el Supremo quedó formalmente planteado el pasado 8 de febrero, cuando el pleno jurisdiccional de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal decidió rechazar el requerimiento del Ministerio de Justicia para reingresar en la carrera judicial a Javier Gómez de Liaño, tal y como dictaba el indulto que le otorgó el Gobierno.

Tras la concesión del induto, los magistrados del Supremo encargados del "caso Liaño" dieron por cumplida la pena de quince años de inhabilitación, pero se negaron a reingresarle en la carrera judicial de manera inmediata, por considerar que al Gobierno no le compete tomar esta decisión. El Ejecutivo respondió iniciando el contencioso que ahora debe resolver el Tribunal de Conflictos.

El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción está presidido por el presidente del Supremo, Javier Delgado, que tiene voto de calidad en caso de empte entre sus miembros. Este órgano colegiado está compuesto por cinco vocales, tres consejeros permanentes de Estado y dos magistrados de la Sala de lo Contencioso del Alto Tribunal.