El fiscal y la defensa de Liaño serán los únicos que se pronunciarán sobre la suspensión, según se recoge en la providencia que hizo público este lunes elConstitucional.

El Alto Tribunal concedía "un plazo común de tres días al Ministerio Fiscal y al solicitante de amparo, para que dentro de dicho término aleguen lo que estimen pertinente en relación con la petición de suspensión interesada".

No deberán pronunciarse sobre este extremo, por tanto, las que fueron acción popular y acusación particular en el "caso Sogecable", en el que se condenó a Liaño a 15 años de inhabilitación por prevaricar en la instrucción de este procedimiento.

Las acusaioneas sí que deberán personarse en el procedimiento abierto sobre el recurso de amparo que el Constitucional ha decidido admitir a trámite.

En este recurso, Liaño argumenta que en el juicio por prevaricación que siguió el Supremo contra él se vulneraron sus derechos fundamentales, por lo que la condena debe ser revocada.