En un informe hecho público hoy, el fiscal señala que "cabe que el tribunal sentenciador no aplique la gracia concedida [...] pero lo que no puede es asumir una jurisdicción correctora de la prerrogativa real, cuyo ejercicio corresponde decidir al Gobierno".

Tras la concesión del indulto, los magistrados del Tribunal Supremo encargaos del "caso Liaño" dieron por cumplida la pena de 15 años de inhabilitación, pero se negaron a reingresarle en la carrera judicial, por considerar que al Gobierno no le compete tomar esta decisión. Esto hizo que el Gobierno iniciase un conflicto de jurisdicción.

Sin embargo, el fiscal insiste en que el Gobierno no ha negado al Supremo la facultad de aplicar el indulto y pone en duda "la facultad que se ha arrogado el tribunal de modificar el Real Decreto de concesión (el indulto a Javier Gómez de Liao), limitando sus efectos".

Tras recibir las alegaciones de las distintas partes en relación al requerimiento del Ministerio de Justicia, el Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo deberá decidir si se inhibe y aplica el indulto en su totalidad, o si, por el contrario, mantiene su postura, lo que implicaría que el conflicto jurisdiccional iniciado por el Gobierno queda formalmente planteado.