En su escrito, el fiscal argumenta que existen una serie de circunstancias que impiden que sea aplicada la suspensión en este caso, como es posible hacer para evitar perjuicios irreparables a los condenados.

El primero de estos argumentos, esgrime el fiscal, es que podría darse una"perturbación grave de los intereses generales" si se accediese a no llevar a la práctica la pena de inhabilitación que el Tribunal Supremo impuso al ex juez.

En opinión del Ministerio Fiscal, esta perturbación se produciría porque el delito de "prevaricación dolosa" que se impuso a Gómez de Liaño es "de los más graves que puede cometer un juez en el ejercicio de su cargo".

Asimismo, entiende que los hechos por los que fue condenado el instructor del "caso Sogecable" han tenido "una evidente trasedencia social" y repercusión en los medios informativos, algo que desaconseja la suspensión.

Por último, considera que la suspensipon podría suponer "una anticipación del amparo" que ha solicitado el ex juez, al entender que en el Tribunal Supremo no se respetaron sus derechos fundamentales y se vulneraron otros principios legales al juzgarle.