Estos tres supuestos delitos de prevaricación consistieron en mantener el secreto sumarial de la causa durante más tiempo del necesario, prohibir a varios imputados la salida de España e imponer una fianza de 200 millones de pesetas al presidente del grupo Prisa, Jesús dePolanco.

El fiscal del Tribunal Supremo encargado del caso, José María Luzón, es partidario de absolver a Gómez de Liaño, por considerar que no existió delito en la actuación del juez durante la instrucción del "caso Sogecable".

Sin embargo, los abogados de los querellantes solicitan para Gómez de Liaño un total de 60 años de inhabilitación para ejercer como magistrado, y la pérdida definitiva de dicha condición, así como una multa de 32.850.000 pesetas, con arresto sustitutorio en caso de impago

Por su parte, la acusación popular, ejercida por el abogado y ex editor del diario "Ya" José Emilio Rodríguez Menéndez (como representante de la Asociación de Estudios Penales), solicita para Gómez de Liaño los mismos años de inhabilitación que Polanco y que se le imponga una multa de 120 millones de pesetas.

Gómez de Liaño fue apartado de la carrera judicial en junio de 1997, por orden del Consejo General del Poder Judicial, después de que los defensores de Sogecable presentaran contra el juez na querella por prevaricación ante el Tribunal Supremo.