El artículo 27.6 del Estatuto del Ministerio Fiscal establece que el ejercicio del cargo fiscal es incompatible con la práctica de la abogacía, "excepto cuando tenga por objeto asuntos personales del funcionario, de su cónyuge, de los hijos sujetos a su patria potestad o de las personas sometidas a su tutela".

Este artículo, así como la Ley de Enjuiciamiento Criminal, permit a Márquez de Prado ejercer la codefensa de su cónyuge, Javier Gómez de Liaño, con quien contrajo matrimonio en febrero de este año.

Por otra parte, fuentes de la defensa de Gómez de Liaño confirmaron que han decidido retirar el artículo de previo pronunciamiento por el que solicitaban el sobreseimiento de la causa, por entender que era "cosa juzgada", es decir, que el juez no podía ser sometido a un procedimiento por unos delitos de los que ya había sido acusado anteriormente.

Las mismas fuentesexplicaron que el propio Gómez de Liaño, que se encuentra suspendido de empleo y sueldo desde junio del año pasado, "no tenía muchas esperanzas" de que el artículo de previo pronunciamiento prosperase, por lo que han decidido retirarlo, con el fin de no alargar más el procedimiento contra el juez, por lo que pide que se proceda "al señalamiento del juicio a la mayor brevedad".

En su escrito de conclusiones provisionales, la defensa de Gómez de Liaño pide que en el juicio declaren, entre otros, el presdente del Grupo Prisa, Jesús Polanco; el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungariño; Baltasar Garzón e Ismael Moreno, jueces del mismo organismo judicial; y el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal.

Asimismo, la defensa de Gómez de Liaño se adhiere a las conclusiones provisionales del fiscal del Tribunal Supremo encargado del caso, José María Luzón, quien solicita el sobreseimiento de la causa abierta contra el juez, por considerar que no existió delito en la actuación del juez en el caso Sogecable", sino que fue correcta.