De esta forma, el CGPJ aplicará la sentencia por la que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo condenó a Gómez de Liaño a 15 años de inhabilitación, con pérdida dfinitiva del cargo de magistrado, al considerarle culpable de un delito continuado de prevaricación cometido durante la instrucción del "caso Sogecable".

El Supremo condenó también a Gómez de Liaño a no desempeñar, durante el tiempo de la condena, cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial, o funciones jurisdiccionales fuera del mismo.

La parte que le corresponde aplicar al CGPJ, como órgano de gobierno de los jueces y magistrados, es la inhabiitación de Gómez de Liaño durante 15 años, así como su separación de la carrera judicial, ya que también se le castigó con la pérdida definitiva del cargo.

Por otra parte, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo hizo público hoy un auto por el que rechaza la petición de Javier Gómez de Liaño para que la sentencia condenatoria no fuera ejecutada hasta que se resolviese el recurso de amparo que presentó ante el Tribunal Constitucional.

Tras recordar que "una sentencia declarada firme debe ser ejectada", la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo añade que la Ley de Enjuiciamiento Criminal no permite suspender la ejecución de las penas para aquellos casos en los que se haya solicitado el indulto.

Además, los magistrados señalan que, en todo caso, el órgano competente para suspender la ejecución de la pena es el Tribunal Constitucional.

"Por último, la extensión de la pena (15 años de inhabilitación) y el hecho de que su ejecución no frustraría la finalidad perseguida con la solicitud del indlto, constituyen un argumento más para denegar la suspensión interesada", concluyen los magistrados.