Acerca del recurso de queja interpuesto por el fiscal Aranda, contra la decisión del instructor del 'caso Lasa y Zabala' para que declare sobre las supuestas conversaciones entre el fiscal Ignacio Gordillo y el abogado de miembros de ETA Iñigo Iruín, Martín Palín declaró hoy a Radio Nacional que del resultado "se debe enterar todo el mundo, teniendo en cuenta que ha sido una cuestión aireada y debatida en unos niveles informativos llamativos y clamorosos".

"Creo que esas razones (las del juez Gómez de Liaño) deberían ser conocidas por todos los ciudadanos que tengan interés en acercarse al conflicto". Asimismo, descartó que el conflicto suscitado entre el juez y el fiscal, que estudia ahora la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, llegue hata el Tribunal Supremo.

Preguntado con carácter general sobre quién manda más, si los jueces o los fiscales, contestó que "el fiscal tiene la gran ventaja de que parte del conocimiento de unos hechos que él conoce antes y que lleva hasta el tribunal para que decida si tiene razón o no, pero la última decisión, la ejecutiva, corresponde exclusivamente a los jueces".

AUDIENCIA NACIONAL

El magistrado se mostró favorable a una reforma de la Audiencia Nacional, auque explicó que la misma "tiene que er serena y sensata, siendo conscientes de que nos enfrentamos a una criminalidad que ha variado mucho en sus métodos y en su intensidad e influencia en la sociedad, y me refiero a las grandes bandas del narcotráfico, a las grandes defraudaciones de los delitos económicos".

En este sentido, subrayó que por la complejidad de estos delitos, "no basta con que un juez sea más o menos inteligente, sino que es necesaria una dotación de apoyo que normalmente un juzgado de pueblo no tiene".

Sobre si la ceación de la Audiencia Nacional es fruto del temor de los jueces vascos a tratar asuntos relacionados con el terrorismo, dijo que "no creo que sea exacta esa imputación de que los jueces vascos no se atrevían a dar la cara. Lo que sí hay que ser realistas es que no existen las condiciones objetivas en este momento para poder celebrar los graves delitos de terrorismo, y que quizá no se podrían celebrar en aquella zona".

Preguntado sobre si el debate abierto acerca de la reforma global de la justicia enEspaña está relacionado con el Tribunal Supremo y el proceso del 'caso GAL' que deberá resolver, señaló: "Parece que hay algunas resoluciones que no agradan o que no encajan dentro de las previsiones de algún sector y, entonces, intentan trasladar esas decisiones, que son puntuales y aisladas, a toda la problemática de la justicia. Creo que esto no es adecuado y genera verdaderos problemas".

El magistrado del Tribunal Supremo agregó que "los políticos deberían contemplar la actividad de los jueces concierto distanciamiento y sin apasionamientos innecesarios, del mismo modo que, por supuesto, los jueces tenemos que distanciarnos de la actividad política y ceñirnos a la interpretación y aplicación de las leyes".