En declaraciones a Servimedia, Suárez dijo que la ejecución literal del indulto consistía en el reingreso "sin condiciones" en la judicatua, por lo que era "irrelevante" que el ex juez de la Audiencia Nacional tuviese antecedentes penales hasta el 2005.

Pese a que, a su juicio, la decisición adoptada por la mayoría del CGPJ es la correcta, reconoció que la situación de Gómez de Liaño era una "cuestión polémica" que requería de un "intenso debate jurídico", como ayer sucedió en el pleno del CGPJ.

En 1999, el magistrado fue condenado por prevaricación a 15 años de inhabilitación con pérdida de la condición de magistrado. Un año despus, el Gobierno le concedió un indulto concretando que suponía su reintegro en la carrera judicial. En ese momento surgió un litigio entre el Tribunal Supremo y el Gobierno que fue solucionado por el Tribunal de Conflictos de la Jurisdicción, que dio la razón al Gobierno.

Para el portavoz de la APM, el CGPJ se basó en la sentencia dictada en su día por el Tribunal de Conflictos, que estableció que "la competencia para la determinación del alcance del indulto en cuanto a la pena ejecutada corresponde alGobierno", mientras que "las cuestiones relativas al reintegro de Gómez de Liaño en la carrera judicial competen al Consejo General del Poder Judicial".