Se trata del delito más grave del que puede ser acusado un juez en el ejercicio de su profesión y por el que puede ser apartado de la labor jurisdiccional, además de otras penas adyacentes, como ha sucedido en el caso del ex juez de la Audiencia Nacioal Javier Gómez de Liaño.

No se trata por lo tanto de un dato aislado, puesto que en 1997 fueron 83 los jueces investigados por una presunta comisión de este delito, número que se incremento casi en un 20% hasta los 99 a los que se les abrió una causa por prevaricación durante 1998.