El ministro admitió que el 25% de los ingresos de los ayuntamientos se origina en procedimientos urbanísticos. "En el fondo existe undebate conceptual subyacente. O se prima el derecho a la vivienda, consagrado en la Constitución, o el derecho legítimo de los ayuntamientos al saneamiento de las arcas municipales. Si tengo que optar por un aspecto u otro, no le quepa la menor duda que defenderé el derecho a la vivienda", dijo en rueda de prensa.

La principal novedad de este proyecto legislativo radica en agilizar los trámites administrativos para que el suelo urbanizable pueda ser urbanizado rápidamente. En este sentido, un ayuntaminto podrá ser consultado por un promotor o propietario sobre la edificabilidad de un suelo y el consistorio tendrá sólo dos meses para contestar.

Si no lo hace, se entenderá que existe "silencio positivo" y el propietario tendrá la opción de urbanizar, no pudiendo parar el ayuntamiento esta posibilidad a no ser que el promotor haya incumplido algún otro aspecto de la legislación.

El proyecto consagra la cesión obligatoria del 10% del suelo a los ayuntamientos, ya establecida por el PP en un decreo anterior, y va más allá que esta norma en cuanto a la calificación del suelo, que a partir de la aprobación de la ley será todo urbanizable, salvo los casos protegidos especialmente (entre los que se incluye el suelo agrícola, o con valor paisajítico o científico, entre otros).

De esta forma, sólo habrá tres tipos de suelo: urbano, urbanizable y no urbanizable, lo que, a diferencia del régimen anterior que establecía numerosas fases en la clasificación del suelo, limitará esencialmente la capacidad e los ayuntamientos para financiarse.

Asimismo, también se simplifica el sistema de expropiaciones de suelo, ya que se establece un único valor del suelo a efectos urbanísticos y un nuevo sistema de valoración más real, de forma que las administraciones públicas tendrán que pagar más en el caso de suelos con urbanización realizada y les será más barato en suelos de escaso valor.

Arias Salgado indicó que el efecto del anterior decreto ya ha empezado a notarse en un ligero descenso del precio del selo y aseguró que la Ley incidirá en el precio de la vivienda a partir del próximo año.

El ministro, que dijo que en los trabajos preparatorios del proyecto ha participado un técnico de la Generalitat catalana, se mostró convencido que el anteproyecto de Ley pasará el trámite parlamentario sin problemas.

El anteproyecto será presentado en el Congreso de los Diputados, tras las consultas pertinentes con los agentes implicados y la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), a principiosde junio y el ministro espera que esté aprobado para el otoño.