Según informaron a Servimedia fuentes de la Federación Estatal de Banca y Ahorro de CCOO, el sindicato ha mantenido un encuentro con el secretario general técnico del Ministerio del Interior, Miguel Angel Montañés, al que transmitieron las modificaciones que, a juicio de la central, deben introducirse en la ley.

Una de las principales quejas de COO es que el compromiso legal de crear comisiones mixtas para analizar y decidir en ellas todos los aspectos relacionados con la seguridad en las entidades, "no se está cumpliendo", por lo que piden una periodicidad mínima de un año en las reuniones de estos órganos internos.

Para CCOO, es fundamental que "el Gobierno Civil de turno oiga los argumentos sindicales y se consulte con los representantes de los trabajadores, antes de fijar unas medidas concretas sobre alguna oficina, por requerimiento de a institución financiera".

También reclaman que se preserve el derecho a la intimidad de los propios trabajadores en el uso de determinadas instrumentos, como las cámaras de video dentro y fuera del inmueble, ya que estas, afirma el sindicato, sólo deben servir como elemento de seguridad y disuasión, y no como vehículo de control laboral de los trabajadores.

Asímismo, exigen que los sistemas de seguridad pasiva de las oficinas bancarias no limiten las condiciones ergonómicas de trabajo de algunosempleados, como los cajeros, respecto de las que tienen el resto de sus compañeros, o que el exceso de celo motive dificultades de evacuación ante situaciones imprevistas, como sería, en un incendio, una puerta giratoria o un torniquete sin acceso adicional.

Asegurar mecanismos de control alternativos a los detectores de metales, ante la existencia ya en el mercado de armas de fuego que se fabrican en porcelana, o que la "bunkerización" del lugar donde está el dinero, esxclusivamente, deje sin proteccón al resto de empleados, son también propuestas realizadas por el sindicato a Interior.

Los responsables de CCOO consultados por Servimedia indicaron que, el proyecto de reglamento de Seguridad privada que prepara el Gobierno, tiene como "objetivo fundamental" la protección del dinero y no de los trabajadores y clientes de las entidades de crédito, en cuyas manos quedaría en excluiva la decisión de las medidas de seguridad a adoptar, sino se modifica el reglamento.

Asimismo, el sindicato ha advetido a las direcciones de las entidades crediticias que la colaboración alcanzada hasta ahora entre los representantes de los trabajadores y de las empresas bancarias, es el factor que más influido en el descenso de los atracos, por lo que señalan que "no nos parece el momento más adecuado para eliminarla".