El portavoz en funciones de la APM, José Lui Requero, señaló a Servimedia que el problema de la Comisión de Secretos de Estado será la forma de elección de los dos magistrados del Tribunal Supmreo que la compondrán, junto al presidente del Alto Tribunal.

Para Requero, aunque la Comisión tendría, según el anteproyecto de ley, carácter de instancia judicial, "habría que ver de qué manera se garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva" y si se trataría de un brazo más de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Por su parte, el portavoz d JpD, José Antonio Alonso, que señaló que la asociación se reserva la opinión sobre el texto hasta conocerlo detalladamente, manifestó a Servimedia que, en principio, la creación de la Comisión de Secretos de Estado es una "buena idea".

A su juicio, la Ley de Secretos de Estado debe tener una descripción cerrada de qué materias pueden ser objeto de secreto y de cuáles han de ser las autoridades competentes para la declaración y manejo de los secretos, algo que hay que realizar siempre desde un punto d vista "muy restictivo", ya que el secreto es una actividad "absolutamente excepcional" en un sistema democrático.

Asimismo, la ley debe recoger un filtro de control parlamentario y aclarar qué ocurre cuando los jueces, en el transurso de de un proceso, que los secretos de Estado pueden amparar comportamientos inconstitucionales.

Alonso valoró positivamente la supresión de las multas para aquellos medios de comunicación que difundan secretos de Estado, ya que, a su juicio, suponía prácticamente u mecanismo de censura previa.

El portavoz también aprobó la reducción del plazo necesario para la desclasificación automático de un documento secreto o confidencial, que pasa de los 50 y 25 años respectivamente, recogido en el anterior texto, a los 25 y 10 años. En su opinión, aunque los plazos deberían menguarse más, hay que reconocer que los que marcaba el anterior anteproyecto de ley eran una "brutalidad".