En una jornada para analizar la nueva ley, que aplica al ordenamiento jurídico español la directiva que regula esta materia, Luis Peiró Montiel, presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, aseguró que la aplicación de esta ley, tal y como está redactada ahora, "colocaría a las empresas españolas en situación de desventaja competitiva con respecto a las de otros Estados miembros".

Peiró aclaró que los empresarios apoyan el objeto de la directiva europea de establecer medidas de prevención para evitar daños sobre el medio ambiente, y que, en caso de producirse, las empresas asuman los gastos para su reparación,"ya que hasta ahora esto no estaba legislado y se ocasionaban casos tan nefastos para nuestro país como el de Aznalcollar, cuyo coste ha tenido que ser asumido por las Administraciones públicas".

No obstante, Francisco Fluxá, presidente de la Comisión de Medioambiente de la patronal madrileña CEIM destacó que el contenido del proyecto de ley presentado por Medio Ambiente va más allá de lo marcado en la directiva, que, a su juicio, será lo que establezcan los demás Estados miembros de la Unión Europea.

Los ponentes que intervinieron en las jornadas de la Cámara de Comercio pusieron de relieve los elevados costes que supondrá para las empresas el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Proyecto de Ley, que advirtieron que pueden llegar, en el caso de las pymes, a comprometer su capacidad financiera.

La norma establece que las empresas deberán presentar una garantía financiera de 1 a 20 millones de euros en función de que la actividad presente riesgo leve, moderado, menos grave, grave o muy grave, que podrá constituirse mediante la suscripción de una póliza de seguro, la obtención de un aval, o la constitución de una reserva técnica.