"La nueva ley establece una tasa abusiva por derechos de autor, y España es el único país de la Unión Europea que propone el uso obligatorio de sociedades específicas para gestionar el obro de esos derechos", señaló García Iglesias.

Por otra parte, el máximo responsable de la patronal de los videoclubes denunció el trato de favor que reciben en el proyecto de ley las instituciones de carácter cultural, a las que otorga una licencia legal "excesivamente amplia e imprecisa".

"Mientras a los establecimientos de alquiler de películas para uso doméstico nos someten a una carga impositiva extraordinaria, a las denominadas Casas de Cultura se les permite organizar ciclos de cine, proycciones públicas e incluso préstamo de películas mediante el pago de una tasa", afirmó.

Por último, la FEAV considera que la injerencia del Gobierno en este tema, que debería permanecer en el ámbito privado, está injustificada, ya que las disputas referidas a contratos deberían resolverse por arbitraje o en los tribunales, como ocurre en otros países.

Los países comunitarios otorgan a los autores, representantes y productores los derechos exclusivos para autorizar o prohibir el alquiler, reprodución y distribución, y dejan a los titulares la opción de fijar la remuneración a través de contratos privados.