"Los Albertos", cuyo indulto tras ser condenados por el "caso Urbanor" está aún pendiente de ser concedido por el Gobierno, -aunque cuenta con la negativa del Tribunal Supremo- se han convertido en los accionistas de referencia de ACS, al controlar el 10,17% de la compañía, después de adquirir un paquete de títulos adicional del 5% que se suma a la participación que ya tenían en la constructora.

La posibildad de que los ex copresidentes del Zaragozano puedan ocupar cargos ejecutivos está abierta, ya que la nueva Ley de Reforma del Sistema Financiero extiende el requisito de "honorabilidad", exigido a consejeros, directores generales y asimilados, a los apoderados que ejerzan representación en ámbitos propios de las actividades legalmente previstas para las empresas de servicios de inversión, pero no dice nada de las demás sociedades cotizadas.

En este sentido, el Banco de España dispone que "concurre hnorabilidad comercial y profesional en quienes hayan venido observando una trayectoria personal de respeto a las leyes mercantiles u otras que regulan la actividad económica y la vida de los negocios, así como las buenas prácticas comerciales, financieras y bancarias".

Fuentes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), explicaron a Servimedia que no existe ninguna restricción para que "los Albertos" pertenezcan al organo ejecutivo de ACS, si bien no podrían sentarse en el Consejo de Adminitración de ninguna entidad financiera, ya que la Ley sí prohibe esta circunstancia.

A este respecto, las fuentes del organismo supervisor consideraron que la única manera de evitar que una persona condenada ocupe puestos de responsabilidad en una sociedad que no preste servicios de inversión es "estableciendolo expresamente" en su Reglamento del Consejo de Administración.

Este supuesto no se produce en el caso de ACS, ya que entre las obligaciones de los consejeros está el "informar de cualquier rocedimiento judicial o administrativo que por su trascendencia pudiera afectar gravemente a la reputación de la sociedad", pero no indica nada más al respecto.

Así, el requisito de "honorabilidad" sólo se exige al Consejo de Administración y representantes de entidades de crédito, como los bancos y cajas de ahorros, lo que provocó que los dos condenados por el "caso Urbanor" tuvieran que dejar sus cargos al frente del Banco Zaragozano.

Después de dos años de consultas y preparativos, la Ley de Mdidas de Reforma del Sistema Financiero, más conocida como Ley Financiera, vio la luz el verano pasado y se enriqueció en su última etapa con iniciativas para tratar de impedir la repetición de escándalos y desfalcos a pequeños inversores en los mercados financieros.