El diputado del PNV Josu Erkoreka aseguró que esta ley no servirá para combatir el terrorismo, pues para eso está el Código Penal, y advirtió de que "mutilar el sistema de partidos disolviendo un partido político equivale a deformar la voluntad popular y a pervertir el sistema democrático".

A su juicio, "la democracia española está suficientemente defendida sin destruirse a si misma" ni quebrantr el "pluralismo político", al "criminalizar" planteamientos ideológicos que pueden ser contrarios a la Constitución, lo que supone una "seria quiebra de la libertad ideológica".

Erkoreka acusó al PP y el PSOE de convertir este proyecto en una "especie de santo grial inalterable e intocable", con un texto "pactado artículo por artículo", hurtando el debate al Parlamento. Recalcó que esta reforma es "tan chocante" que la única explicación es que el Gobierno pretende convertir el proyecto en "instrument de propaganda política".

PATIO DE ARMAS

Con esta actitud, añadió, han logrado que el Parlamento parezca el "patio de armas sobre el que se desarrollan los desfiles militares en los que se están conviertiendo los trámites de las iniciativas parlamentarias", en los que a las minorías sólo se les permite presenciarlo y "escuchar el sonido de las botas".

Por otro lado, expresó su queja por la "insidia" del ministro de Justicia, Angel Acebes, contra su partido y el Gobierno vasco, al haber "capitalzado a las víctimas" y presentarlas como un "bloque monolítico homogéneo" que apoya al PP, cuando "hay víctimas que se han pronunciado explícitamente en contra de este proyecto de ley".

Añadió que el portavoz de su grupo, Iñaki Anasagasti, "lleva la misma defensa de escoltas" que los populares, y esto "no es culpa de los nacionalistas vascos ni de nada que se le parezca", sino de otras personas a las que "se puede combatir y se está combatiendo perfectamente a través del Código Penal".

ESPADA DE DAMCLES

Por su parte, el coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, se opuso firmemente a este "ataque frontal a la democracia española", que se erige así como una "espada de Damocles" que pende sobre "federalistas, republicanos, independentostas o contrarios al sistema neoliberal", y no ayuda a acabar con el terrorismo y quienes lo apoyan, pues para este fin basta con aplicar el Código Penal.

"Nadie quiere más que nosotros el fin de ETA y la derrota de Batasuna", aseguró, "pero el cmino elegido por el Gobierno no es el adecuado". Opinó que las modificaciones acordadas con el PSOE han transformado un texto "frontalmente anticonstitucional que pone los pelos de punta" en una ley "refrito" que es "excepcional" y no deja de ser "imprecisa, ambigua y ambivalente".

Llamazares indicó que el ministro de Justicia, Angel Acebes, ha tenido un "lapsus freudiano" al mostrar "mayor agresividad" hacia otras fuerzas políticas y el Gobierno democrático del País Vasco que contra ETA. Le espetó qu "yo no sé si seré su enemigo", pero "usted no es mi enemigo, es mi adversario, y ETA es mi enemigo, que lo sepa, por si hay confusión".

Opinó que la "obsesión antiterrorista les lleva a la ceguera política", pues el problema no es que Batasuna se presente a las elecciones, "sino que haya personas dispuestas a votarle", y este "cáncer no se soluciona con la prohibición", y "no desaparece si nos tapamos los ojos". Por el contrario, "la clandestinidad les va a hacer más fuertes políticamente en el victiismo", y "aumentar su dependencia de ETA".

Reiteró que los propios servicios de información han advertido al Gobierno de que "así les será más difícil combatir" a la banda terrorista, y subrayó que "para meter en la cárcel" a quienes apoyan a ETA "no necesitamos modificar la Ley de Partidos", sino aplicar el Código Penal. "Ni el poder Ejecutivo ni el legislativo debe implicarse en un proceso judicial de ilegalización de un partido", concluyó.

RADICALIZAR LA POLITICA VASCA

Los representantes de inco partidos integrados en el Grupo Mixto (IC, EA, BNG, la Xunta Aragonesista y ERC) defendieron sus enmiendas a la totalidad, en las que recalcaban que ya existen instrumentos suficientes para luchar contra quienes apoyan el terrorismo sin necesidad de elaborar una nueva ley.

El diputado de Iniciativa per Catalunya (IC) Joan Saura tachó de "grave error político" este proyecto. Auguró que "radicalizará la situación política de Euskadi" y permitirá a Batasuna "reagrupar el apoyo social que ha ido perdendo". Además, indicó que se trata de un "debate falso" pues ya existen "normas suficientes" para perseguir a "quienes justifican el terrorismo".

Begoña Lasagabáster, diputada de Eusko Alkartasuna, criticó que este proyecto "acabará siendo ley, pero nunca será justo", pues es "puramente partidista". Agregó que, si el objetivo es "rechazar la violencia", el Ejecutivo "tendría que aplicarse el cuento", pues algunos miembros del partido en el Gobierno deberían "condenar al franquismo con el que colaborarn activamente para que ustedes puedan actuar como partido político".

REPRIMIR IDEAS

En nombre del BNG, Carlos Ignacio Aymerich, recalcó que este proyecto es "precipitado", y contribuye a "restringir el pluralismo, aumentar el autoritarismo y reprimir ideologías", algo que es siempre "un mal negocio para la democracia y para quienes ceden al chantaje de un Gobierno del PP cada vez más radicalizado".

José Antonio Labordeta, de la Chunta Aragonesista, recalcó que "nos encontramos con un acuerdo de que sólo conocemos lo que se nos transmiten los medios de comunicación" y que "unos dicen que se ha cambiado de arriba a abado la ley" y "otros que no ha habido ningún cambio sustancial". Añadió que el informe sobre una norma de tal relevancia debió contar con el apoyo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial.

El diputado de ERC Joan Puigcercós, denunció que, con esta ley, "el Gobierno español degrada la calidad democrática" y echa "más gasolina al fuego" para lograr "grandes réditos electoraes". Además, va en contra del derecho a la defensa pacífica de otra forma de Estado o el derecho de autodeterminación.

Por último, el diputado del Partido Andalucista José Núñez, subrayó que no apoya el proyecto de Ley de Partidos porque una norma de este calibre debe quedar sustentada en dos pilares, el consenso y la legalidad.