LEY PARTIDOS. EL PNV PROPONE QUE CUALQUIER PARLAMENTO REGIONAL O PARTIDO PUEDA PEDIR QUE SE ILEGALICE OTRA FORMACION
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El PNV considera que cualquier Asamblea autonómica o cualquier partido registrado deberían tener la posibilidad de pedir la ilegalización de otra formación política, a diferencia de lo que se contempla en el proyecto de Ley de Partidos del Gobierno, según el cual dbieran ser 50 diputados o senadores.
El diputado penuevista Josu Erkoreka, que ha sido la persona encargada en su partido de elaborar las enmiendas al proyecto gubernamental, dijo a Servimedia que su formación defiende que haya una "legitimación mucho más amplia" respecto a quienes pueden pedir que se ilegalice un grupo político.
Erkoreka explicó que el PNV considera que no tiene sentido que "en un sistema de partidos complejo como el español", en el que existen "subsistemas concretos" en algunasautonomías, se limite esta prerrogativa a 50 diputados o senadores.
El representante nacionalista indicó que esto supondría que, en la práctica, sólo PP y PSOE podrían instar a que se ilegalizase otro partido, a pesar de que otras organizaciones pudieran verse más directamente afectadas.
En concreto, puso como ejemplo que si en un municipio andaluz hay representación del GIL y del Partido Andalucista, y el primer partido no cumple los principios constitucionales, la formación regionalista no podra solicitar el cumplimiento de la Ley de Partidos.
MAS DE 40 ENMIENDAS
Esta propuesta es uno de los cambios que recogen la enmienda a la totalidad y las más de 40 enmiendas parciales que los peneuvistas van a presentar en el Congreso sobre el proyecto de Ley elaborado por el Gobierno.
En este sentido, el PNV también rechaza que se tenga en cuenta la trayectoria de un partido para situarlo fuera de la ley, y se propone que sólo cuenten los hechos cometidos desde la aprobación de la nueva normatia.
Asimismo, los peneuvistas también piden que se suprima la no condena del terrorismo como causa de ilegalización, porque, según Josu Erkoreka, "obligación jurídica de condenar atentados y otras acciones políticas que sean contrarias a derechos fundamentales, no existe".
A este respecto, el diputado peneuvista añadió que no condenar el terrorismo "o es un concreto ejercicio de la libertad de expresión o es una manera de coartar o intimidar, en cuyo caso sería una actuación delictiva", ya recogid por el Código Penal.
(SERVIMEDIA)
13 Mayo 2002
NBC