Los socialistas han defendido esta tesis de forma repetida desde que algunos casos en los que se han visto implicados menores han suscitado la polémica y los anuncios de reforma del Ejecutivo.

Hoy el portavoz socialista, Jesús Caldera, enfatizó la disponibilidad del PSOE para reformar esta ley, y por la tarde la irección del partido difundió un comunicado en el que aclara las circunstancias y condiciones de esa modificación.

El PSOE comienza precisando que siempre ha estado dispuesto a reflexionar "de forma sosegada" sobre la reforma de esta ley, y recordando sus demandas de los recursos necesarios para aplicarla.

Desde su aprobación alertaron, dice el comunicado, de que esta ley, "sin la cobertura de medios materiales y personales necesaria, se podía convertir en una pesadilla".

Reiteran a continuaión que era el Gobierno el encargado de su cumplimiento dentro del pacto por la Justicia suscrito con el PSOE pero, ni la ha cumplido, ni ha escuchado las demandas sobre los necesarios medios para hacerlo.

En coherencia con estas advertencias, reiteran ahora que ninguna reforma será exitosa "si el Gobierno abandona las leyes a su suerte y no invierte un solo euro en que haya centros de internamiento en condiciones, grupos de seguimiento en condiciones, asistencia psicológica y social en condiciones y arantías de una seguridad plena y vigilancia adecuada en estos centros".

Sin el respaldo presupuestario adecuado, prosiguen los socialistas, la ley se verá reducida a "propaganda" en las comunidades autónomas que deben desarrollarla.

"Al Gobierno sólo parece interesarle, al hilo de una situación que conmociona a la sociedad, volver a aplicar su técnica propagandística de hacerle creer a los ciudadanos que algunos problemas se solucionan exclusivamente con anuncios de reformas legislativas. A los ocialistas nos interesa solucionar los problemas de la gente", añaden.

Por todo ello, el PSOE se declara dispuesto a debatir sobre una mejora de la ley, pero dejando claro que el origen del problema es la "incompetencia, ineficacia e irresponsabilidad" del Ejecutivo, y reclamando un consenso pleno para que la reforma no sea "chapucera".