En declaraciones a Servimedia, Comas resaltó que la puesta en libertad de una de las jóvenes que asesinaron a su compañera en San Fernando (Cádiz) fue un error del juez que él mismo rectificó, ya que la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite la privación de libertad durante la mitad del tiempo de la condena, por lo que no considera justificado pedir la modificación de la Ley del Menor.

Asimismo, indica que "es falsa la convicción de la sociedad de que si e les hubiera aplicado el Código Penal se les hubiera podido imponer una pena de 20 años, pues se les habría tenido que aplicar una atenuante de minoría de edad que necesariamente rebaja la pena en dos grados, lo que supone que antes de la Ley del Menor a estas dos personas se les hubiera impuesto una pena de cinco a diez años de privación de libertad. Por lo tanto, la medida prevista en la ley de ocho años como máximo no justifica ningua alarma social".

"Esta ley nos aproxima a muchas legislaciones eropeas y se ajusta a la Convención de los Derechos del Niño, que parte de la filosofía de que a los menores no se les puede aplicar el derecho penal de los adultos ni las mismas penas, porque son personas en edad de formación, y por tanto, cuando infringen las leyes se les debe aplicar medidas cuya finalidad sea la educación y reinserción para evitar que puedan volver a delinquir", concluyó.