En un comunicado hecho público hoy, JpD critica la "tradicional concepción paternalista y moralizante que, al enmasacarar las sanciones, ha favorecido la falta de garantías en el tratamiento penal de los menores".

La asociación señala que el límite de edad a partir del cual debe intervenir la jurisdicción de menores dbe considerar los efectos negativos de entrar en contacto con dichas instancias, por lo que considera que no debe establecerse por debajo de los 13 años.

Asimismo, indica que incluso a partir de los 13 años debe favorecerse la aplicación de otras soluciones que mejoren la socialización del menor, y recuerda la necesidad de mantener una política preventiva con la delincuencia.