El portavoz de esta asociación, oaquín González Casso, dijo a Servimedia que esta ley, aunque habrá casos en que funcione, "en la práctica está siendo muchas veces un auténtico fracaso". "Es una ley que está inspirada en muy buenos principios, pero con muy malas realidades", remarcó.

A este respecto, González Casso se refirió a que no se meditó lo suficiente la elevación de la edad penal de 16 y 18 años, y que otro problema se deriva del hecho de que las comunidades autónomas no dedican el dinero suficiente para poner en práctica esa normativa.

No obstante, este portavoz mostró sus reticencias a dos cambios planteados por la familia de Sandra Palo, en concreto que pueda ejercerse la acusación particular contra los menores y que éstos pasen a una prisión cuando cumplan la mayoría de edad.

Sobre la acusación particular, este representante de la Francisco de Vitoria manifestó que España es de los pocos países en los que existe esta figura, y que aplicar este mecanismo a los juicios de menores debe hacerse "con mucho cuidado y ucha delicadeza".

A su vez, expresó sus reservas con que los menores pasen a una cárcel cuando lleguen a los 18 años, puesto que fueron condenados según unos parámetros cuando eran menores de edad, Añadió que otra cosa es que se evite que jóvenes con 21 años o más permanezcan en el mismo centro que otros aún considerados menores.