Durante esta esta semana, la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados ha recibido las opiniones de varios responsables autoómicos y varios expertos (miembros de asociaciones, jueces y fiscales) antes de dar el visto bueno al proyecto de ley, aprobado por el Gobierno en octubre del año pasado.

En líneas generales, la nueva normativa prevé fijar entre 13 y 18 años la edad para responsabilidad penal (en algunos casos puede llegar hasta los 21 años), además de prever medidas para la resocialización de jóvenes delincuentes mediante servicios a la comunidad, libertad vigilada, tratamientos ambulatorios, ingresos en centros teraeúticos y otras medidas.

Para la directora general de la familia de la Xunta de Galicia, Teresa Rey, "sería frustrante que fracasara un buen proyecto por la falta de medios", por lo que confió en que se aumentará la dotación económica para aplicar correctamente la nueva normativa.

Por su parte, Isaías Pérez Saldaña, consejero de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, coincidió con su colega en Galicia en la falta de fondos y constató que actualmente, en Andalucía, ya tienen problemas para manener los centros de menores con los que cuentan.

El consejero andaluz subrayó que no se trata de que Andalucía siempre deba enfrentarse al Gobierno, sino que "sin dinero, la ley no servirá absolutamente para nada".

Cifró en 10.500 millones de pesetas el dinero que su comunidad necesita para mejorar su situación en el apoyo al menor delincuente, ya que Andalucía se enfrenta a dos peculariedades: el 32,5 por ciento de los andaluces tienen de 0 a 18 años y existe un "enorme" incremento de jóvenes inigrantes que llegan a esta comunidad y requieren centros especiales para ellos.

Por su parte, el Defensor de la Comunidad de Madrid, Javier Urra, subrayó a Servimedia que las comunidades autónomas deben contar con medios económicos para crear nuevos centros y tener equipos técnicos que garanticen un tratamiento educativo y terapeútico eficaz para los menores.

Para la aplicación de esta ley, el Gobierno prevé la creación de las Salas de Menores en los tribunales superiores de justicia y secciones e menores en todas las fiscalías, así como la dotación y formación de personal especializado, tanto en los juzgados y fiscalías como en las brigadas de policía judicial y la abogacía, todo ello, con una dotación económica "insuficiente", a juicio de los expertos en menores.