En la comparecencia posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó que ésta es "una ley que contribuye a hacer una sociedad más justa y equilibrada".

"Siempre he dicho que cuando una mujer da un paso, todas avanzamos. El paso que damos hoy gracias a esta ley es un paso de gigante para lograr la igualdad", indicó.

Por su parte, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, destacó los informes a favor de esta ley que han emitido tanto el Consejo General del Poder Judicial como el Consejo Económico y Social y el Consejo de Estado. Estas instituciones, según Caldera, coinciden en acordar que las acciones positivas que propugna la ley para lograr la igualdad entre hombres y mujeres son constitucionales.

Caldera también informó de que se amplía de 4 a 8 años el plazo para lograr que las grandes empresas abran sus consejos de administración a la participación de las mujeres.

"Hoy es un día muy importante y de una gran satisfacción para este Gobierno por impulsar una ley que estará a la altura de la sociedad española del siglo XXI y que intentará que se repartan los cargos, porque, por desgracia, las cargas están muy mal repartidas", subrayó el ministro.

El texto establece un abanico de medidas que van desde la paridad electoral (ningún sexo tendrá una presencia menor del 40% en las candidaturas) hasta la creación de un permiso de paternidad de ocho días exclusivo para los hombres, pasando por la obligación de negociar planes de igualdad en las empresas de más de 250 empleados o el fomento de la presencia femenina en los consejos de administración.

IGUALDAD LABORAL

Las medidas laborales y de Seguridad Social contempladas en el proyecto tienen como finalidad específica conseguir la igualdad en un ámbito donde, hasta ahora, son más visibles las desigualdades entre mujeres y hombres.

La posibilidad de que la negociación colectiva establezca medidas de acción positiva que favorezca el acceso al empleo de las mujeres y la eliminación de situaciones de discriminación en sus condiciones de trabajo; la inclusión de la mejora de la formación, y el reconocimiento del derecho a la conciliación de la vida personal y laboral son algunas de las principales disposiciones que adopta la nueva norma.

Otras disposiciones son la representación equilibrada entre mujeres y hombres en el nombramiento de los titulares de órganos directivos cuya designación corresponda al Consejo de Ministros, y la tendencia a ese equilibrio en los tribunales y comisiones de selección para el acceso al empleo público y para la designación de representantes de órganos colegiados, comités de expertos y comités consultivos.

Para conseguir la igualdad, el Gobierno propone también, entre otras medidas, la reserva del 40% de plazas para mujeres en cursos de formación y preferencia en cursos de formación a quienes se incorporen al servicio activo después de ejercicio de derechos derivados de la conciliación de la vida familiar y laboral, así como la incorporación de la igualdad en las pruebas de acceso al empleo público y en todas las acciones formativas.

SEGURIDAD SOCIAL

El reconocimiento de las prestaciones de permiso por paternidad y de riesgo durante la lactancia y la creación de un nuevo subsidio por maternidad para las trabajadoras que no reúnan el periodo de cotización mínima para acceder a la prestación por maternidad son las principales medidas en materia de Seguridad Social.

Respecto a las políticas públicas para la igualdad, el texto incluye criterios como la garantía de la efectividad del derecho a la igualdad, su integración en todas las políticas públicas, la colaboración entre administraciones para su aplicación, la participación equilibrada entre mujeres y hombres en la toma de decisiones y la erradicación de la violencia contra las mujeres, entre otras medidas.

El principio de representación equilibrada entre mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los poderes públicos; la obligación del Gobierno de elaborar periódicamente un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades; la incorporación al sistema educativo de la formación en materia de igualdad y el fomento de la enseñanza y la investigación en materia de igualdad en el ámbito de la educación superior son otras medidas recogidas por la ley.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

El proyecto recoge varias disposiciones para garantizar la igualdad de trato de las mujeres en el acceso a los bienes y servicios, como, por ejemplo, el cumplimiento de la igualdad en el suministro de bienes y servicios disponibles para el público y del principio de libre elección de la parte contratante, salvo que dicha elección venga determinada por el sexo.

En cuanto a la responsabilidad social de las empresas, el texto establece la posibilidad de que las compañías emprendan acciones en materia de igualdad, decididas unilateralmente por las empresas o acordadas con la representación de los trabajadores, las organizaciones de consumidores y usuarios, los organismos de igualdad o las asociaciones de defensa de la igualdad.