En declaraciones a Servimedia, Azpiroz apuntó que el decreto de 1977 ha sido ya "muy matizado" por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que ha equilibrado el derecho de los trabajadores a la huelga y los derechos de los ciudadanos a tener unos servicios mínimos suficientes.

La ormativa actual, indicó Azpiroz, establece la obligación de fijar unos servicios mínimos, ponerlos en conocimiento de los ciudadanos y una vez dados esos pasos hacer que se cumplan.

Azpiroz considera que no es un problema hacer un desarrollo normativo del derecho de huelga, "pero no es ese el objeto del debate, sino el que se cumpla lo ya establecido (servicios mínimos) y no se lesionen derechos de terceros".