Según señalaron hoy a Servimedia fuentes parlamentarias, los grupos del PSOE y CiU están por aplazar su tramitación (una ley de iniciativa popular puede discutirse en la siguiente legislatura en caso e faltar tiempo, según recoge la Constitución), mientras que el PP y Coalición Canaria son partidarios de iniciar el trámite cuanto antes.

Comisiones Obreras, el sindicato que promovió la iniciativa y que recogió 600.000 firmas en apoyo de la ley de financiación, se muestra "escéptica" ante la aprobación de la primera propuesta de ley por iniciativa ciudadana. El grupo de Izquierda Unida es el único que ha apoyado ya la ley.

Fernando Lezcano, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCO, manifestó hoy a Servimedia que tras mantener contactos con los portavoces de los grupos mayoritarios, el futuro de la tramitación es "incierto", ya que el Grupo Socialista quiere consenso para que exista un aplazamiento, extremo al que se opone el Partido Popular.

La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa) ha enviado a todos los grupos parlamentarios una carta en la que les pide que apoyen la tramitación "como vía idónea para asegurar unos debates y una financiaión del sistema educativo".

Francisco Delgado, presidente de Ceapa, manifestó que "como consecuencia del parón presupuestario iniciado en el año 1992, hasta hoy, ciframos el déficit para la aplicación de la LOGSE en medio billón de pesetas", que afecta sobre todo a infraestructuras y a parte del personal especializado".

GARANTIZAR LA EDUCACION

La proposición de ley marco presentada a iniciativa popular persigue la aprobación de un Plan Nacional de Financiación Educativa que equipare en ocho año el gasto público educativo de España al del resto de los países de la Unión Europea.

La finalidad prioritaria de la ley, según explica Lezcano, es lograr que el presupuesto educativo "no quede mermado por crisis económicas ni políticas" y que "garantice la calidad de la enseñanza sea cual sea el partido que presida el Gobierno".

La ley prevé la constitución de una Comisión de Financiación encargada de elaborar el plan nacional, en la que participarían todas las administraciones educativas, y de n Consejo Asesor, en el que estarían todas las administraciones, universidades públicas, sindicatos y otras organizaciones educativas.

El secretario general de la Federación de Educación de CCOO reiteró que "es de lamentar que la tramitación de la ley se produzca a pocas semanas de la disolución de las Cortes y en un periodo previo a vacaciones escolares".