Esta proposición persigue la aprobación de un Plan Nacional de Financiación Eductiva que equipare en ocho años el gasto público educativo de España al del resto de los países de la Unión Europea.

Según las fuentes consultadas, tan sólo el Grupo Parlamentario Socialista y el de Izquierda Unida votarán a favor de la toma en consideración, por lo que la propuesta no llegará a ser debatida en el Congreso.

La junta de portavoces de Educación del Congreso decidió al final de la pasada legislatura el aplazamiento de la tramitación de esta ley marco, ante la falta de tiempo para debtirla.

Esta es la primera propuesta de ley presentada en el Congreso, con el respaldo de 625.000 firmas de los ciudadanos, una posibilidad recogida en la Constitución.