En rueda de prensa, donde SOS Racismo presentó su informe anual 004, su portavoz, Diego Lorente, destacó que esa ley, consensuada por el anterior Gobierno del PP y el PSOE, ha provocado la discriminación legal de los extranjeros irregulares en España y el motivo de que este colectivo sume ya más de un millón de personas.

También calificó como "grave" la instrucción del ex fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, por la que se instaba a los jueces a autorizar la expulsión de inmigrantes irregulares de entre 16 a 18 años, por entender que éstos estaban emancipados Según dijo, estas expulsiones violan varios convenios internacionales sobre derechos humanos firmados por España.

Asimismo, resaltó que el acceso al padrón por parte de la policía ha provocado que numerosos inmigrantes no se empadronen y, por lo tanto, no puedan acceder a servicios básicos como la sanidad y la educación.

Según dijo, la Ley de Extranjería limita la posibilidades de regularización, así como las vías de entrada legal en España, lo que provoca que muchos inmigrantes irregulares seanexplotados laboralmente, que otros acudan a las mafias para poder llegar a Europa y que algunos mueran en ese intento.

Por otro lado, denunció que ese texto legal obligue a las compañías aérea a realizar labores de control de la inmigración cuando no tienen competencias para ello.

Finalmente, Lorente destacó el racismo que padecen los gitanos en España, un racismo, según dijo, "por omisión", ya que ven sus dificultades de acceso a derechos como el de la vivienda y de admisión, en el caso de que san extranjeros.

Por todo ello, el portavoz de SOS Racismo exigió al nuevo Gobierno que derogue la actual Ley de Extranjería, que regularice a los inmigrantes irregulares, que impida a la Policía Nacional el acceso al padrón, que suspenda las órdenes de expulsión de inmigrantes irregulares que no puedan ser ejecutadas y que revoque la potestad de las compañías de transporte en el control de fronteras.

Por otro lado, SOS Racismo ha recibido numerosas denuncias verbales de ciudadanos a los que la Poicía Nacional les ha pedido su documentación en el Metro, tanto en Madrid como en Barcelona, tras los atentados del 11-M de la capital de España.

En relación a estos atentados, esta organización alerta al Ejecutivo del riesgo de aumento de la "islamofobia". En este sentido, le insta a abordar la instalación de mezquitas desde el respeto estricto a la libertad de culto. También pidió al Gobierno y a los medios de comunicación que hablen de terrorismo fundamentalista y no de terrorismo islámico.