Con la norma el Gobierno pretende "extender la libertad de los ciudadanos, concibiéndose el derecho al divorcio como una extensión del propio derecho al matrimonio", según afirma la exposición de motivos del proyecto.

Una vez la norma esté en vigor, ya no hará falta la separación previa para proceder al divorcio. Además, basta con que uno de los cónyuges no desee la continuación del matrimonio para que pueda demandar el divorcio, sin que el otro pueda oponerse a la petición por motivos materiales y sin que el juez pueda rechazar la petición, salvo por motivos procesales.

La iniciativa aboga por propiciar la disolución matrimonial por mutuo acuerdo y facilitar la custodia compartida de los hijos, con lo que "la intervención judicial debe reservarse para cuando haya sido imposible el pacto, o el contenido de las propuestas sea lesivo para los intereses de los hijos menores o incapacitados".

En su paso por la Cámara Baja los grupos acordaron la creación de un fondo estatal de garantía de alimentos para hacer pago a las pensiones a favor de hijos menores de edad cuando los padres no cumplen las resoluciones judiciales en este sentido.

TAREAS DEL HOGAR

Asimismo, el PNV logró colar en el debate en comisión una enmienda por la que "los cónyuges están obligados a guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente. Deberán además compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado y atención de ascendientes y descendientes y otras personas dependientes a su cargo".

Sin embargo, el pleno podría tumbar esta propuesta, dado que el PSOE no la respalda, aunque deberá lograr el apoyo de varios de sus socios de gobierno.

El dictamen elaborado en la Comisión de Justicia incorporó una enmienda de IU-ICV que introduce la posibilidad de que las partes acudan a la mediación como recurso voluntario alternativo de solución de los litigios familiares.

Además, los cónyuges en proceso de divorcio podrán, de común acuerdo, solicitar la suspensión del mismo para someterse a la mediación, configurándose ésta como "recurso voluntario alternativo de solución de los litigios familiares por vía de mutuo acuerdo con la intervención de un mediador imparcial y neutral", con el fin de "reducir las consecuencias derivadas de una separación y divorcio para todos los miembros de la familia".

Uno de los puntos más polémicos es el que faculta al juez, a instancia de una de las partes y previo informe favorable del Ministerio Fiscal, a acordar la guarda y custodia compartida, "fundamentándola en que sólo de esta forma se protege adecuadamente el interés del menor".

Esta propuesta es contradictoria con otra incluida en el texto que debatirá el Pleno, en la que se limita la posibilidad de la custodia compartida a los casos en los que haya mutuo acuerdo.

El entuerto deberá ser resuelto en el propio debate en Pleno, optándose por una de las vías, esto es, o por que la custodia compartida deba ser propuesta por los dos cónyuges o sólo por uno de ellos.