La Ley de Costas constituye uno de los puntos de fricción que han surgido durante las últimas semanas en las relaciones entre el Ejecutivo y CiU.

En 1994 Convergencia i Unió planteó una propuesta de modificación de la Ley de Costas que recogía la transferenia de competencias y vaciaba a la ley, según los ecologistas, de su contenido proteccionista.

El Consejo Asesor de Medio Ambiente, órgano consultivo de ámbito estatal, solicitó entonces al Congreso de los Diputados que retirara la propuesta, por lo que CiU elaboró una segunda propuesta, cuyo contenido discute en la actualidad con el Gobierno.

Según Greenpeace, aunque la nueva propuesta incorpora algunas de las modificaciones que planteó esta organización ecologista para "mantener los criterios míimos de protección costera", la proposición "debe someterse a un debate amplio, público y transparente a fin de que todos los sectores, organizaciones y ciudadanos puedan expresar su opinión al respecto".

Para Marion Stoler, portavoz de Greenpeace, "la Ley de Costas es de interés común, por lo que su posible cambio debe debatirse de forma pública y transparente, antes de su discusión parlamentaria".

La organización conservacionista ha aclarado que considera legítimas "las reinvindicaciones competnciales, siempre que no vayan en detrimento de la conservación medioambiental".